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El derecho a tener derechos

¿Qué se conmemora el 10 de diciembre?

Un día como hoy, hace muy poquito, solo 73 años, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se trató de una hoja de ruta para garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad de las personas en todos los lugares del mundo y al día de hoy mantiene sentido ante las constantes ofensas a la humanidad que aún suceden a lo largo y ancho del globo. El documento enumera un conjunto de derechos que deberían ser protegidos; algunos más obvios como el derecho a la vida, a la libertad o a la educación; otros, en cambio, mucho menos evidentes, como el derecho a elegir el lugar de residencia y circular, o a expresar las ideas libremente.

El pliego fue adoptado por la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pero no era todavía vinculante para los Estados, es decir que no era obligatorio respetar los derechos enunciados. Recién tres décadas después se alcanzó cierto consenso y comenzaron a suscribirse una serie de tratados internacionales vinculantes para los países firmantes. A nivel regional, contamos con otro instrumento de relevancia como es la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene dos mecanismos de protección relevante para todo Latinoamérica: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). 

Este día, para la Argentina, tiene una doble significación porque también se conmemora el regreso a la democracia y el fin de la última dictadura cívico militar que violó sistemáticamente los derechos humanos. En plena dictadura, un Informe de la CIDH concluía que en nuestro país que se vulneraba el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la justicia y proceso regular, a la libertad de opinión y un largo etcétera.

Luego, la lucha de los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, los Juicios a las Juntas y el reinicio de las causas de lesa humanidad en los últimos años, han dado cuenta cabal de la atrocidad con la que actuó el aparato estatal contra la población civil y de las consecuencias que trajo aparejadas la pérdida del estado de derecho. En nuestro país ha quedado demostrado que existió una represión administrada, tecnificada, extensiva y planificada que tuvo como particularidad la utilización de toda la estructura estatal y un aparato clandestino que operaba de forma paralela dando lugar a lo que luego se denominó terrorismo de Estado.

Nuevos desafíos

Por estos días, la Argentina fue elegida para presidir el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por primera vez, nuestro país va a conducir el órgano rector de la materia a nivel mundial y tendrá la oportunidad de articular con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet. Además, el mes pasado, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos seleccionó como Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la argentina Verónica Gómez.

Se trata de grandes oportunidades para el cono sur, que otrora fuera objeto del Plan Cóndor y sitio de las dictaduras más sangrientas, y que hoy se erige -con Argentina a la cabeza- como ejemplo de desarrollo de políticas públicas, cuerpo normativo y jurisprudencial para la impartición de justicia y la recomposición del tejido social e institucional democrático. Es un buen momento para dar un paso al frente y proponerse el nunca más a un conjunto de vulneraciones de derechos que se producen casi cotidianamente y que se están convirtiendo en “parte del paisaje” latinoamericano. Todavía existen otros escándalos éticos que nos proponen el desafío de repensar en la garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte del Estado y el compromiso de la sociedad civil en la promoción de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos.

Si bien queda claro que la vigencia de los derechos humanos ha sido quebrantada en numerosas ocasiones con posterioridad a la Declaración de 1948, resulta preciso sostener su utilidad para promover la justicia, la libertad, la verdad y la dignidad donde quiera que se nieguen. Son evidentes los avances en cuanto a su reconocimiento y aplicación en muchos países, sin embargo, continúa siendo un ideal, una utopía.

“Ella está en el horizonte —dice Fernando Birri—. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar.” (Galeano, E. Las palabras andantes, 1998)

Aún queda pendiente declarar el derecho a soñar y luchar por un mundo mejor.

Roberto Salim – Lic. En Ciencia Política y Administración Pública. Docente e investigador universitario. Doctorando en Ciencias Sociales. Área de Democracia y Derechos Humanos –  INTEGRAR

M. Ailen Ferraris Michel – Abogada. Investigadora universitaria. Programa Acompañamiento Migrante- INTEGRAR

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