A un año del plan de Ordenamiento Territorial. ¿Que los cumpla feliz?

Presentamos el análisis del Director del Centro INTEGRAR, Alberto Molina, publicado en diario Los Andes, sobre el primer año del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza.

Por Lic. Alberto Molina – Docente e investigador UNCuyo. Director del Centro de Estudios Integrar. Especialista en Ordenamiento territorial.

El 4 de setiembre se cumplió el primer aniversario de la promulgación del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza, ley que nos destaca a nivel nacional e internacional, pero que en lo interno presenta una implementación con debilidad institucional, inseguridad jurídica y escasa vocación de participación social.

La acción de Catastro de la Provincia

Los avatares económicos nacionales de las últimas semanas soslayaron –y no es para menos– el primer año de la sanción y promulgación de la Ley 8.999 Plan Provincial de Ordenamiento Territorial (PPOT). El mismo responde a las exigencias de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo (2009) y el Plan Estratégico de Desarrollo 2030 (2010) para dar respuesta a los desequilibrios territoriales de la provincia.

Así se cerraba el primer paso de un largo proceso que implicó disputas legislativas, movilización de actores, políticos, económicos, sociales y religiosos, inversión pública provincial, nacional e internacional.

Vivimos un complejo entrecruce de intereses de distintos ámbitos y observados privilegiadamente en los proyectos que llegaron a las Cámaras legislativas en los últimos 25 años.

Asistimos también al surgimiento de un liderazgo inusitado de los sectores universitarios, científicos y tecnológicos que desde 2006 articularon actores y grupos interdisciplinariamente, logrando sintetizarse en la presentación de propuestas político-administrativas concretas.

Aprobado el Plan por la Legislatura en agosto de 2017 (lo que no estuvo exento de críticas por la celeridad y opacidad de procesos participativos que replicasen las acciones de su primera presentación en el año 2014) comienza la fase donde el poder ordenador territorial se dispersa en los 18 departamentos.

Se inicia la etapa donde el protagonismo es de los municipios y sus comunidades, que redactarán en los plazos establecidos por la ley o a partir de que perciban efectivamente los recursos provinciales necesarios, los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT).

Así desde hace unos meses registramos cómo los equipos municipales de toda la provincia, con mucho esfuerzo y en la diversidad de recursos, capacidades, potencialidades y limitaciones encaran la tarea de llevar a lo concreto de sus localidades las primeras acciones en la elaboración de reglamentos, diagnósticos, modelos territoriales, identificación de unidades territoriales, delimitación de aéreas, etc.

Sin embargo la tarea de los municipios se ve amenguada por una institucionalidad provincial en franca desintegración. El Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial (CPOT), máxima autoridad territorial de la provincia, no sesiona desde setiembre de 2017.

La Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT) se encuentra acéfala desde julio de 2016, además de estar vacías las representaciones de los municipios.

¿Cómo seguir avanzando en el ordenamiento municipal sin que sesione el mayor órgano consultivo y asesor que permite la articulación provincial en ésta fase tan dispersa del poder? ¿Cómo no observar, más allá del esfuerzo personal de sus miembros, la debilidad de la APOT, si precisamente han sido eliminados sus representantes municipales, que, a la postre, garantizaban la pluralidad en la toma de decisiones?

Mientras se desarrolla el proceso de ordenamiento a nivel local, el Poder Ejecutivo Provincial no acusa recibo del proceso iniciado y a través de Catastro de la Provincia sigue interviniendo solapadamente en los suelos municipales.

O sea, pasa por arriba la autonomía municipal y por debajo aprueba, en simple sede administrativa, la ocupación del territorio municipal, sin respetar los procesos democráticos emanados de las leyes 8051, 8999 ni la articulación con sus instituciones ¿Cómo no sentirse burlados en su ingentes esfuerzos tantos profesionales de ciencia y la tecnología, universitarios, técnicos municipales, miembros de colegios profesionales, organizaciones sociales, vecinos, que observan como un mero órgano administrativo de la Gobernación sobrepasa los procesos democráticos y decide en tierras municipales, sobre todo en las más ligadas a la especulación inmobiliaria y la pérdida de la capacidad productiva? Esta falta de claridad además alerta a futuros inversores y decisores públicos por la posibilidad de acciones legales futuras.

Sin embargo, repasando el proceso político institucional de Mendoza, sus idas y vueltas, creemos que es posible corregir el rumbo. Es necesario que el Poder Ejecutivo provincial convoque a sesiones del CPOT para democratizar y hacer mas asertivo el ordenamiento de una provincia que es más que la suma de sus departamentos.

Debe dotar de mayor institucionalidad y recursos a la APOT y los municipios, cumpliendo lo establecido por la ley y sus reglamentaciones. Poner en marcha los programas, institutos, lineamientos directrices exigidos por la ley a la provincia para coordinar las acciones municipales. Y sobre todo debe decretar el cese de acciones de Catastro Provincial sobre territorio municipal, que no sean previamente autorizadas por los Municipios.

De no existir ésta decisión política, el proceso de ordenamiento territorial que es orgullo a nivel nacional e internacional caerá en letra muerta y agudizará las inequidades sociales y territoriales de una Mendoza donde su fragilidad socio-ambiental y la necesidad de diversificación productiva nos exige creatividad, osadía y participación social genuina para construir políticas de Estado sustentables en el tiempo.

Fuente: https://losandes.com.ar/article/view?slug=a-un-ano-del-plan-de-ordenamiento-territorial-que-los-cumpla-feliz-por-alberto-molina

Leave a Reply